Nicolás Maduro
prepara un plan B ante la posible derrota en las elecciones parlamentarias de
hoy. Las encuestas más recientes no variaron las cifras que mostraron, durante
meses, una sólida ventaja de la oposición, en torno a 20 puntos, pese al
combate bolivariano durante la campaña. El objetivo gubernamental, reconocido
en petit comité por dirigentes, es que su fracaso en las urnas se traduzca sólo
en un estrecho margen de diferencia en el número de diputados, para lo que
cuentan con la famosa operación remate final y con las bonanzas de una ley
electoral hecha a medida.
La verdadera
lucha política comienza mañana. Círculos diplomáticos y dirigentes de la
oposición están convencidos de que Maduro aprovechará las cuatro semanas que
restan para que sesione el nuevo Parlamento (desde el 5 de enero) a fin de
aprobar una nueva ley habilitante, que le otorgaría plenos poderes para
legislar por decreto y por encima de los nuevos diputados.
"No cabe
ninguna duda de que así será", vaticina José Ignacio Hernández, doctor en
Derecho y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV). "El
oficialismo tendrá casi un mes para dictar leyes que perturben a la nueva
mayoría. Maduro tiene la posibilidad de pedir una prórroga para la actual ley
habilitante, que vence el 31 de diciembre, o incluso una nueva por hasta tres
años", añade el jurista.
Hugo Chávez ya
realizó esa operación en 2010. El líder bolivariano reclamó cuatro leyes
habilitantes durante su mandato, en total cuatro años y medio, pese a contar
con todos los poderes del Estado. Maduro continuó la misma estrategia y ya sumó
dos habilitantes: de los 32 meses que lleva al frente del país usó los plenos
poderes durante 18.
La Asamblea
Nacional es hoy uno más de los tentáculos de la revolución. Delegó buena parte
de la elaboración de las leyes en el Ejecutivo, tampoco controló al gobierno,
no hizo seguimiento del gasto público y no investigó la corrupción. "Se
convirtió en la casa más grande del gobierno y de su partido. Un brazo del
Ejecutivo sin ningún tipo de independencia", se lamenta Carlos
Berrizbeitia, el diputado más combativo en los últimos cinco años.
El dirigente
opositor considera que la aprobación de una habilitante exprés supone
técnicamente "un autogolpe, porque el mandato popular habría dicho una
cosa muy distinta; la gran pregunta es si Maduro se atrevería a quitarse su
barniz democrático ante el mundo".
Mal perdedor
El chavismo
nunca aceptó las derrotas electorales; todo lo contrario. En 2007, un grupo de
estudiantes superó al "comandante supremo" en el referéndum sobre la
reelección indefinida y una batería de leyes socialistas. "Es una victoria
de mierda", resumió iracundo Chávez. El referéndum se repitió dos años después
con toda la maquinaria bolivariana a favor para ganarlo.
Parecida suerte
corrieron alcaldes y gobernadores antichavistas. Antonio Ledezma, sorprendente
ganador de la Alcaldía Mayor de Caracas en 2008, fue desposeído del 90% de sus
atribuciones y sedes después de que Chávez nombrara a dedo un jefe de gobierno
de Caracas. Ni siquiera un despacho le dejó. Gobernadores opositores como
Henrique Capriles y Henri Falcón también perdieron competencias, como rutas y
hospitales. Y dinero ya que el gobierno decide cuántos fondos y cuándo los
envía a las gobernaciones.
El futuro de la
ley habilitante también dependería del resultado de hoy. Con la mayoría simple
(84 de los 167 diputados) poco podría hacer la oposición más que quejarse. Pero
con la mayoría cualificada de dos tercios (112 diputados) tendría la
posibilidad de derogar la ley de plenos poderes para Maduro. En el primer
paquete legislativo la oposición tiene previsto proponer cuatro leyes contra la
crisis económica (recuperación del poder adquisitivo de los salarios,
fortalecimiento de la producción nacional, repatriación de los capitales de la
corrupción y la entrega de los títulos de propiedad para los beneficiados de la
Gran Misión Vivienda).
La otra gran
medida es la ley de amnistía, con la cual se pretende la excarcelación de los
más de 70 presos políticos del chavismo, con Leopoldo López a la cabeza.
Y es aquí donde
surge el Plan C del chavismo: convertir al Tribunal Supremo en su ariete más
poderoso contra la nueva Asamblea, capaz de declarar inconstitucionales todas
las iniciativas de la alianza antichavista, empezando por la derogación de la
ley habilitante.
"Estaríamos
ante una dinámica absolutamente desconocida en las instituciones, un conflicto
nuevo basado en el saboteo del Parlamento a través de la Sala Constitucional
del Supremo", pronostica Hernández.
El Plan C ya ha
dado sus primeros pasos. El gobierno presionó a 13 magistrados del Supremo para
que se jubilaran antes de tiempo y así poder elegirlos antes de que entren los
nuevos diputados y no el año que viene, como tocaba. Sumado a otros cinco puestos
que quedaban vacantes, el viejo Parlamento chavista decidirá quiénes son los
jueces que entablen el pulso político con el nuevo.
Históricamente
el chavismo blandió una tercera herramienta: el Estado comunal, que dividiría
al país en 3000 comunas en sustitución del actual sistema federal. La niña de
los ojos de Chávez avanzó a paso de tortuga, pero "en un ambiente de
confrontación, este escenario (sustitución de la Asamblea Nacional por una
asamblea comunal) cabría perfectamente", apuesta otro jurista, Leonardo
Palacios.
Los conocedores
de los entresijos del chavismo relacionan las comunas con las declaraciones más
polémicas de Maduro en la campaña: "Me lanzaría a las calles junto al
pueblo para defender la revolución".
"De momento
sólo es una amenaza", considera el diputado Berrizbeitia. "No hay ni
siquiera un anteproyecto de ley para las comunas y no les queda ni tiempo ni
espacio para llevarlos a cabo."
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